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Tradición y Revolución

Sobre la verdadera ilegitimidad de la Ley del Aborto

Sobre la verdadera ilegitimidad de la Ley del Aborto

    Escuchando esta mañana una tertulia radiofónica en Punto Radio, han vuelto a mi mente las mismas reflexiones, ya mostradas en diversos artículos de este blog, acerca de la eterna dicotomía entre el Derecho positivo y el Derecho natural. En esta ocasión la situación que me ha dado pie a la consideración de esta realidad ha sido la discusión iniciada a raíz de la supuestamente inconstitucional reacción de las Presidencias de Navarra y Murcia ante la Ley del aborto.

    Como es sabido, ayer, día 5 de julio de 2010, entró en vigor la eufemística e hipócritamente llamada “Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo”. No me referiré al análisis semiótico que podría hacerse de la retórica con la que se ha bautizado a esta Ley siguiendo los más claros parámetros de las tesis gramscianas, por desgracia tan exitosas para la Cultura de la Muerte en su táctica de reingeniería social. Simplemente, como he dicho más arriba, me centraré en uno de los debates que han sustituido en estos días al ya olvidado, y en mi opinión poco importante, aspecto del acceso al aborto para las menores de 16 años. Si hace unos meses se discutía no la legitimidad o irracionalidad del aborto, sino la de que éste fuera accesible o no al mencionado sector social, hoy lo que planteaban los contertulios de Luis del Olmo era la actitud de los Gobiernos autonómicos de Navarra y Murcia. Afirmaban que probablemente podría ponerse en duda que las niñas violaran la patria potestas, que era inútil establecer una nueva ley sabiendo que la antigua no se cumplía, y otra serie de objeciones; pero por encima de todo ello aseguraban que era vergonzoso e inaceptable que los dos citados presidentes no acataran la Ley a pesar del no pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Según ellos, en un Estado de Derecho, como se llama, también eufemística e hipócritamente, al que existe en la actualidad; no se puede permitir que una Ley, sea justa o no, pueda desobedecerse una vez haya entrado en vigor.

    Lo que deducimos de semejante análisis de la realidad es sencillamente lo mismo que cuando se discutía la constitucionalidad del tema de las niñas de 16 años o de la necesidad de hacer una nueva ley: que para ciertos sectores de la sociedad, por desgracia mayoritarios, lo importante no es la moral sino la ley, no la supremacía del Derecho natural, sino del Derecho positivo. Estamos asistiendo al ejemplo práctico de la ruptura total con la Tradición  Cristiana y con el derecho hegeliano en favor del nefasto Positivismo Jurídico de Hans Kelsen. Antiguamente el Estado era un instrumento edificado para servir a la sociedad, haciendo factible la Verdad eterna de manera que, como dijera el Fuero Juzgo, “los buenos puedan vivir entre los malos”. Pero hoy, imperante la separación entra las esferas de la moral y del derecho, los líderes políticos no se plantean la veracidad de las leyes y que estas sirvan al Bien Común, derivado de la Ley Natural; sino simplemente que sean acordes con la normas que ellos mismos han definido. Por ello no es posible que la aspiración del Código de Alfonso X sea realizable, porque para estas personas no se trata de que el Estado defienda a los débiles, sino simplemente de que exista, sea o no para el cumplimiento de la justicia. Reduciendo la moralidad al ámbito privado, como tratan de hacer con la religión, no es posible distinguir a buenos y malos, sino simplemente a servidores de la Ley e incumplidores de la misma; y a este destino están conduciendo el debate quienes critican la actitud de los presidentes de Navarra y Murcia sin referirse antes al aborto en sí.

    Pero lo mismo podemos decir de aquellos que supuestamente están actuando en favor de la vida, esto es, de los dos líderes autonómicos. Ellos tampoco han dicho que vayan a defender a los nascituri, que se vayan a oponer al aborto porque es un crimen; sino simplemente que de momento no aplicarán la Ley hasta saber si el Tribunal Constitucional da su visto bueno. No están refiriendo su actitud a la Verdad, sino a la Constitución, porque, como ha dicho Ramón Luis Valcárcel, lo único que les preocupa es que la Ley “todavía no está en su punto y final”.  Es decir, que cuando el Dios-Estado, en el sentido de que no se reconoce más fuente de legitimidad que éste, haya dicho que es legal aplicar abortos bajo la nueva Ley, esto será totalmente aceptable.

    Tanto los contertulios de la Radio como los Presidentes criticados por ellos están sirviendo a una misma idea, a pesar de que en apariencia se opongan en sus acciones: unos critican que los otros no acaten la Ley aunque moralmente pueda haber reparos para ello; y los otros no la asumen porque todavía no se ha pronunciado la única fuente de justificación que reconocen. Esta es la hipocresía a la que hemos llegado al romper con la Tradición cristiana que hizo de la unión entre el Derecho y la Verdad, o mejor dicho, de la sumisión del primero ante el segundo; la garantía del nacimiento de normas de convivencia justas. Divorciadas ambas esferas, rota un armonía que debería ser eterna, no ha sido difícil que se rebele la primera contra la segunda, planteando una batalla que debe ser combatida. Y una vez más la fórmula para definir la que debe ser nuestra actitud ante este enemigo es la que encontramos volviendo nuestra mirada hacia los arcanos de la Tradición, magistralmente recogida por el gran poeta Lope de Vega: “Todo lo que manda el Rey, que va contra lo que Dios manda, no tiene valor de Ley, ni es Rey quien así se desmanda”. Si el Estado actúa injustamente, su palabra no tiene ninguna validez, y no debe aplicarse lo que nos ofrezca. Pero ello no porque pueda o no ir contra él mismo, sino porque va contra Dios, o lo que es lo mismo, contra la Verdad, que para creyentes o no creyentes es la misma: con independencia de lo que digan los políticos o los jueces, está científicamente demostrado que un embrión abortado es un niño asesinado, y por ello la única actitud legítima es la de oponerse con firmeza y rotundidad a la Ley del aborto, en su versión actual y en la antigua.

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